El exministro de Obras Públicas y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, solicitó que la Ley 74-25, que modifica el Código Penal, no entre en vigencia el próximo 3 de agosto, argumentando que aún necesita un proceso de discusión nacional. Castillo criticó al Gobierno por su manejo de las modificaciones y afirmó que la legislación incluye sanciones penales por difamación contra quienes critiquen a funcionarios.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Castillo expresó que el Gobierno «miente cuando habla de consenso» y denunció que se han introducido cambios de última hora al texto aprobado por el Congreso Nacional. «Esto es inaceptable. Exigimos que este código no entre en vigencia el 3 de agosto. Se necesita mínimo un año de debate nacional serio, real y transparente», añadió.

Modificaciones y críticas

Las declaraciones de Castillo se producen tras el anuncio del Gobierno de un paquete de 18 modificaciones a la Ley 74-25, que busca ser aprobado antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que existe el compromiso de aprobar estas enmiendas y que fueron elaboradas tras consultas con diversos sectores.

Las modificaciones incluyen cambios en artículos sobre ciberacoso, difusión de imágenes sin consentimiento y difamación, con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información, al mismo tiempo que se busca un equilibrio con otros derechos fundamentales. Sin embargo, el debate sobre el Código Penal ha generado críticas de distintos sectores que temen por la limitación de la libertad de expresión.

Estas objeciones llevaron a una protesta en la Plaza de la Bandera el pasado 9 de julio, encabezada por el activista Eduardo Sánchez Tolentino, quien demandó la eliminación de artículos considerados como una «ley mordaza» y pidió una discusión más amplia sobre la legislación. Además, la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas solicitó una audiencia para presentar observaciones sobre el impacto de la normativa en el sector salud.

El Poder Ejecutivo, en respuesta a las críticas, anunció las modificaciones y afirmó que buscan ofrecer mayores garantías para el ejercicio responsable del periodismo. A pesar de esto, sectores de oposición y diversas organizaciones continúan exigiendo un proceso de discusión más amplio antes de la implementación de la normativa.