El auto de no ha lugar dictado el pasado 29 de mayo a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el caso Calamar ha generado un intenso debate en redes sociales entre representantes de Participación Ciudadana y abogados del exfuncionario, quienes cuestionan la imparcialidad de la organización de la sociedad civil.

La controversia se desató tras las declaraciones de Leidy Blanco, vocera de Participación Ciudadana, quien en el programa El Día calificó la decisión judicial como una “ganancia parcial, pero real” para los imputados, al tiempo que expresó su preocupación por la exclusión de algunos acusados del proceso. “Cuando uno ve el resultado de lo que pasa en los tribunales, claro que le genera muchísima preocupación porque parecería que es un patrón histórico”, afirmó.

Las palabras de Blanco provocaron la reacción de la abogada Laura Acosta, parte de la defensa de Gonzalo Castillo, quien criticó la postura de ciertos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación. “Una pena ver a la sociedad civil y al periodismo metido en una trinchera. Penoso y patético”, expresó Acosta en sus redes sociales.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, respondió a Acosta con un comentario que reafirmó la polarización del debate: “Un saludo, de trinchera a trinchera”.

Acosta replicó, señalando que, como abogada defensora, tiene una posición parcial en el proceso judicial, pero cuestionó que una organización de la sociedad civil adopte una actitud similar. “A mí me corresponde una trinchera, soy abogada de la defensa; a la sociedad civil entendía que no”, indicó.

El abogado Nassef Perdomo, también parte de la defensa de Gonzalo Castillo, se unió al debate y criticó la falta de neutralidad de Participación Ciudadana. “Por fin lo reconocen, ni Pancho ni Participación Ciudadana actúan con neutralidad”, afirmó.

Este intercambio se produce tras la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y otros imputados en el caso Calamar, tras concluir que no procedía el envío a juicio de fondo de esos acusados.

La jueza Altagracia Ramírez ordenó, sin embargo, la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el abogado Ángel Lockward y otros implicados. Según el Ministerio Público, la supuesta estructura habría causado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$19 mil millones por pagos irregulares relacionados con expropiaciones, contratos y deudas administrativas.

La decisión judicial ha generado opiniones divididas, con algunos sectores considerando que el fallo representa un revés para la lucha contra la corrupción administrativa, mientras que otros sostienen que evidencia debilidades en la acusación presentada por el órgano persecutor.