El Gobierno de la República Dominicana ha presentado una reforma tributaria que incluye beneficios y nuevos impuestos, buscando redefinir el equilibrio fiscal en el país. Esta reforma contempla una nueva amnistía tributaria, que ofrece facilidades a los morosos, así como beneficios para microempresas, el sector exportador y la clase media. Sin embargo, también se imponen nuevas cargas a grandes empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones y a salarios altos por encima de RD$400,000 mensuales.
A pesar de la disminución de los precios del petróleo y la posible finalización de conflictos bélicos, la reforma se llevará a cabo. Según técnicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la intención es que los más ricos contribuyan más, aunque su efectividad es objeto de debate. Análisis previos indican que las grandes fortunas suelen utilizar estrategias fiscales para reducir su carga impositiva, mientras que las clases media y baja terminan pagando proporcionalmente más a través de impuestos al consumo.
Posturas sobre la equidad fiscal
Existen diversas opiniones sobre la equidad de estas reformas. Los defensores de la progresividad argumentan que gravar el patrimonio y las ganancias de capital es esencial para redistribuir la riqueza y financiar servicios sociales. Por otro lado, la «Regla W. Buffett» sugiere que las personas con ingresos altos no deberían pagar un porcentaje menor que las familias de clase media.
A pesar de esto, muchos ricos dominicanos ajustan sus ingresos reportados, disminuyendo sueldos y aumentando gastos personales, lo que les permite presentar ingresos bajos. Esto crea un ciclo complicado que dificulta la equidad fiscal en el país.
En la República Dominicana, la recaudación impositiva recae en gran medida en impuestos indirectos como el IVA, lo que impacta más a los sectores vulnerables. Además, sectores empresariales de altos ingresos se benefician de leyes de incentivos y exenciones, lo que ha generado críticas sobre la falta de contribuciones fiscales proporcionales a sus ganancias.
Históricamente, todos los gobiernos han aumentado impuestos mientras prometen reducir gastos. Ejemplos de reformas anteriores incluyen la Ley 147-1 que elevó el ITBIS al 8%, y la Ley 557-05 que incrementó el ISR hasta el 30%.
El Congreso ahora debe evaluar esta reforma, considerando que, aunque a nadie le gusta pagar impuestos, la población desea mejoras en el país y en el costo de vida sin que esto afecte su bolsillo directamente.
