El Gobierno de la República Dominicana anunció una reducción del 3% en el presupuesto para el año 2026, con el objetivo de eficientizar el gasto público a través de fusiones y reformas.

Sin embargo, esta medida implica recortes significativos en 16 instituciones clave, mientras que el pago de la deuda pública y los activos financieros absorberán un 11% más de los recursos del país.

Entre los recortes más destacados se encuentra el de la Procuraduría General, que verá disminuidos sus fondos en un 27% debido a la transferencia de funciones al nuevo Ministerio de Justicia.

Esta reducción también afectará a otras entidades importantes, como el Tribunal Superior Electoral y el Ministerio de Industria y Comercio, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para operar con normalidad en el próximo año.

Por otro lado, algunos sectores como Energía y Minas, Deportes y Turismo recibirán aumentos significativos, lo que contrasta con la austeridad impuesta a otras áreas.

Mientras se recortan recursos para la justicia, se destinarán fondos considerables para los Juegos Centroamericanos y la promoción turística, lo que ha llevado a muchos a cuestionar las prioridades del Gobierno, que parecen favorecer el espectáculo sobre el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica.

El Gobierno defiende la fusión de los Ministerios de Hacienda y Economía, afirmando que generará un ahorro de 1,514 millones de pesos, presentándolo como un avance en transparencia y racionalización.

Sin embargo, las críticas han surgido, advirtiendo que estos ajustes son insuficientes ante el creciente gasto corriente y el constante endeudamiento, lo que deja a la población con un presupuesto cada vez más ajustado.