El Gobierno dominicano anunció este jueves un plan de austeridad y eficientización del gasto público, con el objetivo de generar una disponibilidad de aproximadamente RD$40,000 millones.

Esta estrategia fue presentada durante el Consejo de Ministros, que tuvo lugar en el Palacio Nacional, bajo la dirección del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Las medidas adoptadas buscan mitigar el impacto económico que ha causado la crisis en Medio Oriente, la cual ha incrementado los costos de importación y ha elevado la factura petrolera del país.

En este contexto, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que el enfoque principal del ajuste será la reducción de gastos operativos no prioritarios.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la limitación en la adquisición de vehículos, el recorte de la publicidad oficial, la racionalización de combustibles y la disminución de viáticos y pasajes.

Además, se propone una reducción del 50 % en el presupuesto destinado a los partidos políticos, junto con un control más riguroso sobre las transferencias corrientes a organismos autónomos que tienen capacidad de generar sus propios ingresos.

Impacto de los precios del petróleo

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, enfatizó la vulnerabilidad del país frente a choques externos, señalando que cada aumento de US$10 en el barril de petróleo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la factura energética dominicana.

Esta situación fiscal ha llevado al Estado a reprogramar sus gastos para poder mantener los subsidios que protegen a los sectores más vulnerables de la inflación.

El equipo económico, liderado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que el país enfrenta uno de los desafíos de precios más severos de su historia reciente, con un incremento del petróleo superior al 80 %.

Sin embargo, resaltaron que la República Dominicana cuenta con reservas internacionales que superan los US$16,000 millones, lo que permite sostener la inversión pública y los programas sociales durante la implementación de esta política de austeridad.

Previo a este anuncio, líderes de la oposición y economistas de partidos contrarios habían intensificado sus críticas al Gobierno, exigiendo una revisión exhaustiva del presupuesto nacional.

Argumentaban que el nivel de gasto corriente era elevado y que existía un despilfarro en publicidad estatal y nómina pública.

Los sectores opositores condicionaron cualquier apoyo a nuevas medidas económicas a la implementación de un plan de ahorro real, que priorizara la eliminación de gastos superfluos en la administración.

Esta situación pone de manifiesto la presión que enfrenta el Gobierno para ajustar su política fiscal en medio de un entorno económico complicado.