La comunidad de San Juan de la Maguana se manifestó este domingo contra el proyecto minero Romero de la empresa GoldQuest, evidenciando la desconexión entre el Gobierno y la realidad de las provincias. Cientos de ciudadanos, desde agricultores hasta jóvenes, se congregaron en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta para expresar su rechazo a un proyecto que consideran una amenaza para su vida y recursos. La marcha, que se llevó a cabo de manera pacífica, refleja la decisión del pueblo de defender su soberanía ante lo que perciben como intereses corporativos.

Los manifestantes denunciaron que el Gobierno ignora el veredicto de la población, que ya ha decidido que la explotación minera en la región es inviable tanto política como socialmente. En lugar de escuchar las demandas de los ciudadanos, el Estado respondió con cordones policiales y forcejeos, una táctica que muchos consideran una forma de intimidación ante la falta de argumentos sólidos a favor del proyecto.

Gabriel Núñez, junto a ganaderos de la zona, advirtió sobre las consecuencias de contaminar el pulmón hídrico de la región, lo que no solo afectaría la agricultura, sino también la identidad de San Juan. La comunidad resalta que la vocación de esta zona siempre ha sido agropecuaria, y que cualquier intento de forzar la explotación minera pone en riesgo su futuro.

Ángelo Vásquez, uno de los líderes de la protesta, enfatizó que «aquí manda el pueblo, y el pueblo ya decidió», reafirmando la determinación de los sanjuaneros de proteger sus recursos naturales. La manifestación fue un claro mensaje de que el proyecto Romero no representa progreso, sino una amenaza para el ecosistema dominicano.

Los ciudadanos de San Juan exigen al Gobierno que tome una decisión sobre de qué lado está: si del lado de la gente que defiende sus recursos o del lado de las multinacionales que ven la tierra como una mercancía. La comunidad está firme en su postura y no cederá ante lo que consideran una injusticia.

Si el Gobierno continúa ignorando este levantamiento, deberá asumir la responsabilidad histórica de priorizar el metal sobre la vida de las personas. En este contexto, los manifestantes subrayan que el agua vale más que el oro y que la voluntad de un pueblo es más valiosa que cualquier contrato minero.