El empresario y consultor político Alejandro de la Cruz reveló hace dos meses una supuesta negociación entre la cúpula del Palacio Nacional y la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana para resolver los problemas judiciales de Gonzalo Castillo, quien enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos. Esto se realiza con el objetivo de que pueda liderar la boleta morada en las elecciones del 2028.
Recientemente, la magistrada juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, emitió un dictamen que coincide con las revelaciones de de la Cruz sobre el supuesto acuerdo. Este acuerdo, según de la Cruz, solo incluía a Castillo y a José Ramón Peralta, excluyendo al también imputado Donald Guerrero.
Es importante recordar que el movimiento “Marcha Verde”, que apoyó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2017, denunció la corrupción en la administración de Danilo Medina. Este contexto fue fundamental para el triunfo de Luis Abinader y el PRM en las elecciones del 20 de mayo de 2020, donde se prometió transparencia y combate a la corrupción.
La jueza Ramírez dictó un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como a otros tres imputados en el caso Calamar. Sin embargo, 35 imputados, entre ellos Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, enfrentarán juicio por diversos delitos, incluyendo asociación de malhechores y lavado de activos.
Además, se había informado que la cúpula del Palacio estaba gestionando la reposición de la visa de Gonzalo Castillo, la cual había perdido tras las acusaciones en su contra. Este proceso se vio marcado por un retraso de cinco horas en la lectura del fallo por parte de la juez.
La situación actual plantea interrogantes sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país, temas que fueron pilares en la campaña del PRM. La evolución de este caso podría tener repercusiones significativas en la política dominicana.
