El Gobierno dominicano anunció este viernes que destinará 10 millones de dólares, equivalentes a RD$595 millones, al Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití. Esta decisión se produce menos de 24 horas después de que el gobierno presentara un plan de austeridad.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, entregó personalmente la comunicación oficial al secretario general adjunto de la ONU para el Apoyo Operacional, Atul Khare, durante su visita a las oficinas de la ONU en Nueva York. En el documento, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de realizar un aporte adicional de 10 millones de dólares el próximo año.
Álvarez, acompañado del embajador Wellington Bencosme, representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, destacó la firme convicción del presidente Luis Abinader de apoyar los esfuerzos internacionales por la estabilidad y el desarrollo de Haití. Este respaldo es considerado una prioridad estratégica para la República Dominicana y la región.
Por su parte, el secretario general adjunto, Atul Khare, agradeció la solidaridad y el liderazgo de República Dominicana, subrayando la importancia de contribuciones como esta para el funcionamiento efectivo del Fondo Fiduciario y el cumplimiento del mandato del Consejo de Seguridad.
El anuncio de este aporte se produce en el contexto de un plan de austeridad institucional presentado por el Gobierno dominicano, que busca generar una disponibilidad de recursos cercana a los RD$40,000 millones. Este plan incluye una reducción significativa en los gastos operativos no prioritarios de todas las instituciones estatales.
Entre las medidas más destacadas del plan de austeridad se encuentra la propuesta de reducir en un 50% el presupuesto asignado a los partidos políticos, así como restricciones en la adquisición de vehículos oficiales y la racionalización de combustibles. También se implementarán recortes en viáticos y pasajes para funcionarios.
Además, se limitarán los gastos en publicidad oficial y eventos institucionales, priorizando solo aquellas áreas críticas como la seguridad ciudadana y la asistencia social. Con estas acciones, el Gobierno busca mantener la estabilidad frente a la incertidumbre externa.
