El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció un “plan anticrisis” el 11 de junio, justo cuatro días antes de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando para poner fin a un conflicto de casi cuatro meses. Este acuerdo permite la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, lo que genera expectativas sobre la recuperación del tráfico marítimo y el flujo energético mundial. Sin embargo, el acuerdo aún deja asuntos conflictivos pendientes de negociación.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro del plan, especialmente si la distensión entre Washington y Teherán reduce la presión internacional sobre el petróleo y desactiva parte del ambiente de crisis. Esto lleva a cuestionar si el Gobierno reconsiderará las medidas impositivas propuestas si las razones externas que las justifican comienzan a desvanecerse.

Detalles del plan impositivo

El Ministerio de Hacienda y Economía ha indicado que el proyecto busca captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, presentándolo en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. A pesar de la justificación presentada, las causas subyacentes de estas medidas están en la realidad económica dominicana.

Históricamente, los gobiernos dominicanos han recurrido a préstamos externos y han aumentado el gasto corriente, lo que ha llevado a un incremento del déficit fiscal y a la necesidad de buscar nuevos ingresos. Esto ha resultado en que la población asuma el costo de estas decisiones financieras.

Las cifras de este año reflejan un déficit fiscal de RD$280,575 millones, una necesidad bruta de pago de deuda de RD$401,768 millones y un déficit del sector eléctrico de RD$85,000 millones, sumando un total de RD$767,343 millones, que representa el 42% del Presupuesto General del Estado 2026.

La principal medida de consolidación fiscal incluye una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial, elevando la tasa del 27% al 30% durante tres años para grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Además, se prevé un aumento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, un incremento en el impuesto sobre pasajes aéreos y nuevos gravámenes a casinos y juegos de azar.

A pesar de que el Gobierno ha señalado que no se tocarán el ITBIS ni la mayoría de los impuestos selectivos sobre combustibles y otros productos, la realidad es que se recurre nuevamente a la vía tributaria para enfrentar presiones en las finanzas. Esto plantea dudas sobre la necesidad de mantener estas medidas si la crisis internacional se alivia.

En conclusión, es fundamental que el Gobierno hable con claridad sobre la necesidad de estas medidas. Si son necesarias por la situación estructural de las finanzas públicas, debe comunicarse de manera directa. Sin embargo, si se justificaron por una crisis internacional en vías de desactivarse, será necesario que expliquen por qué se pretende mantenerlas, considerando que en República Dominicana, lo temporal tiende a convertirse en permanente.