El nuevo impuesto implementado por el Gobierno del PRM, que se presenta como una medida dirigida a las grandes empresas, en realidad afecta directamente al pueblo dominicano. La administración justifica esta reforma fiscal argumentando que un déficit en las cuentas, generado por el subsidio a los combustibles, requiere una mayor recaudación, y que el nuevo gravamen solo impactará a un pequeño grupo de grandes compañías.

Sin embargo, al analizar los números, se evidencia que el déficit real no es tan elevado como se argumenta. El Presupuesto General del Estado de 2026 establece un límite de subsidios de RD$13,000 millones, mientras que el gasto real por el aumento en los precios de los combustibles y fertilizantes asciende a RD$21,209.8 millones. Esto deja un exceso de aproximadamente RD$8,000 millones, muy por debajo de los RD$40,000 millones que el Gobierno dice necesitar.

El precio del petróleo, que ha estado en descenso tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, se sitúa actualmente en US$77.71, lo que implica un subsidio pendiente de apenas RD$889.54 millones para el resto del año. Si se considera que el Gobierno planea recaudar RD$40,000 millones, esto resultaría en un superávit cercano a RD$36,000 millones, sugiriendo que el verdadero problema de las finanzas públicas radica en el gasto corriente, que consume el 90% del presupuesto.

Respecto al segundo argumento del Gobierno, que asegura que el nuevo impuesto solo afectará a empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales, es importante destacar que estas empresas son fundamentales para la economía dominicana. Representan el 0.8% del total, pero son responsables de muchos productos y servicios que consumen los ciudadanos, desde alimentos hasta servicios de telecomunicaciones y financiamiento.

El impacto de este impuesto no se limita a las grandes empresas, ya que estas trasladarán los costos adicionales a los consumidores. Así, la carga fiscal no recae únicamente en el 0.8% de las empresas, sino que se extiende a todos los dominicanos que consumen sus productos y servicios.

Un claro ejemplo de este mecanismo se encuentra en los artículos 21 y 22 de la Ley 30-26, que establece una retención del 15% sobre los pagos que las empresas dominicanas realizan al exterior por servicios como licencias de software y publicidad digital. Esta retención no se refleja directamente en el precio que paga el consumidor, sino que se distribuye en los costos de los productos y servicios.

Las consecuencias de este impuesto se sienten en diversos sectores, desde farmacias que utilizan software extranjero hasta emprendedores que invierten en publicidad en redes sociales. También afecta a jóvenes diseñadores y a cualquier persona que utilice servicios digitales, ya que los costos adicionales se trasladan a los precios finales que paga el consumidor.

La reforma fiscal, presentada como un gravamen a los ricos, termina impactando a la economía de todos los dominicanos, especialmente a aquellos que intentan progresar. Es fundamental que el país discuta esta situación con datos concretos, ya que, aunque se anuncia como un impuesto a los grandes, en realidad lo paga el pueblo.