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Gobierno de Trump solicita a Corte Suprema frenar TPS para venezolanos

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El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una orden judicial que restablecería el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, permitiéndoles evitar temporalmente la deportación. La solicitud de emergencia se presentó tras la decisión de un juez federal en California, quien determinó que la finalización del TPS para venezolanos era ilegal.

Según informes de The Associated Press, el gobierno advirtió que si la Corte Suprema no interviene antes del viernes, podría verse obligado a liberar a aproximadamente 1,800 venezolanos que actualmente están detenidos. La administración argumentó que restablecer el TPS impediría ejecutar hasta 332 órdenes de deportación y obligaría al Gobierno a otorgar autorización de trabajo a los beneficiarios.

Contexto del TPS para venezolanos

El TPS para venezolanos fue establecido por primera vez en marzo de 2021 durante la administración del presidente demócrata Joe Biden y se amplió en septiembre de 2023 para incluir a más beneficiarios. Aproximadamente 600,000 venezolanos han recibido esta protección, según AP.

La administración Trump ha impulsado medidas para eliminar las protecciones que han permitido a inmigrantes de diferentes países permanecer legalmente en Estados Unidos. En junio, la Corte Suprema permitió que la administración finalizara las protecciones temporales para ciudadanos de Haití y Siria.

A pesar de la cancelación del TPS para más de un millón de personas de 13 países, el Gobierno mantuvo las protecciones para casi 200,000 salvadoreños y más de 100,000 personas de Ucrania y Sudán. Después de que se puso fin al TPS para los venezolanos el año pasado, muchos de sus permisos de trabajo dejaron de ser válidos, lo que llevó a miles a enfrentar procesos de expulsión o deportación.

La administración sostiene que el TPS es un programa temporal que ofrece protección a corto plazo, argumentando que su restablecimiento interferiría con sus políticas migratorias. Sin embargo, Emi MacLean, abogada de la Alianza Nacional TPS de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Norte de California, criticó la solicitud del gobierno, afirmando que no tiene fundamento y que los tribunales inferiores deberían poder pronunciarse sobre el asunto.

MacLean agregó que el gobierno intenta eludir el proceso judicial para que la Corte Suprema avale acciones que considera ilegales, lo que continuaría perjudicando a los beneficiarios del TPS venezolano.

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