El Gobierno de José Antonio Kast está revisando las pensiones otorgadas a las víctimas de la represión policial durante las protestas de 2019 en Chile, las más graves desde el fin de la dictadura. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que esta revisión se inició en marzo, aunque la noticia se hizo pública tras el arresto de un joven que recibió una pensión estatal hasta enero. Este joven, quien fue impactado por una bala en una manifestación en Ovalle, sufrió una fractura en el pubis.

Un capitán de Carabineros fue condenado en 2022 a seis años de prisión por homicidio frustrado en relación con el caso del joven. Hasta enero, el afectado recibía una pensión de aproximadamente 450.000 pesos mensuales (alrededor de 510 dólares), que le fue retirada por razones aún no esclarecidas.

Pavez destacó que la revisión de las pensiones es una responsabilidad mínima con los recursos entregados a través de una gracia especial del Presidente de la República. Esta medida se ha estado llevando a cabo desde el inicio del mandato de Kast.

Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el retorno a la democracia, ha calificado las protestas de 2019 como un «estallido delictual». Además, ha manifestado su intención de estudiar la posibilidad de indultar a militares y policías condenados por la represión durante las manifestaciones.

El estallido social, que resultó en dos procesos constituyentes fallidos, estuvo marcado por marchas pacíficas y episodios de violencia, saqueos y destrucción de bienes públicos, dejando un saldo de más de 30 muertos y miles de heridos, incluyendo más de 450 víctimas de trauma ocular, según la Fiscalía.

Organizaciones de derechos humanos y la ONU han denunciado violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante este periodo de agitación social.