El Gobierno de España ha aprobado una partida de 30.000 euros para contribuir a la defensa jurídica de ciudadanos españoles acusados en el extranjero de delitos que podrían conllevar la pena de muerte. Esta medida responde a la situación de Ahmed el Saadany Ghaly, un español condenado en 2017 por el asesinato de su cuñado en Egipto.
Las autoridades españolas han instado en varias ocasiones a Egipto para que se le conmute la pena de muerte a Ghaly, quien ha negado los cargos y ha denunciado haber sufrido torturas durante los interrogatorios. La ayuda del Gobierno puede ser solicitada hasta el 23 de mayo, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada.
Detalles sobre la ayuda
Javier Casado, director de la Fundación +34 Nunca Olvidados, que apoya a españoles encarcelados en el extranjero, explicó que la cantidad asignada está más orientada al sistema judicial estadounidense. En este contexto, tras una condena a pena capital, existe la posibilidad de presentar un recurso, lo cual puede resultar muy costoso.
Es importante señalar que esta ayuda no está disponible para españoles condenados a otras penas ni para aquellos que cumplen cadena perpetua en otros países. Actualmente, varios ciudadanos españoles se encuentran en esta situación, pero la asistencia económica se limita a los casos relacionados con la pena de muerte.
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