El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos adquirió tres centros de detención para migrantes en California por 950 millones de dólares, con capacidad para aproximadamente 2,600 personas. La información fue confirmada este lunes por GEO Group, la empresa que vendió las instalaciones y que es una de las principales operadoras privadas de centros de detención en el país.
Detalles de la transacción
A pesar de que los centros, ubicados en Adelanto, California, ahora serán propiedad del Gobierno, GEO Group continuará administrando las instalaciones bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se extiende hasta diciembre de 2034. Alrededor de un tercio de los migrantes detenidos por ICE se encuentran en centros operados por GEO Group, que depende casi de la mitad de sus ingresos de contratos con el Departamento de Seguridad Nacional.
David Venturella, director interino de ICE desde mayo de este año, trabajó en GEO Group entre 2012 y 2023 y fue consultor de la empresa hasta 2025. Su nombramiento ha generado críticas por parte de legisladores demócratas, incluyendo a la senadora Elizabeth Warren, quienes han señalado posibles conflictos de interés debido a su trayectoria profesional.
Ante los cuestionamientos, Venturella afirmó que había vendido sus acciones de GEO Group y que se había apartado de «todos los contratos y obligaciones relacionados» con los centros de detención. Esta situación ha suscitado un debate sobre la relación entre el sector público y las empresas privadas en la gestión de la detención de migrantes.
La compra de estos centros de detención se produce en un contexto de creciente atención sobre las condiciones de detención y el tratamiento de los migrantes en Estados Unidos. La administración Biden ha enfrentado presiones para reformar el sistema de inmigración y mejorar las condiciones en los centros de detención.
Con esta adquisición, el Gobierno busca tener un mayor control sobre las instalaciones, aunque la gestión seguirá en manos de GEO Group, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la supervisión gubernamental en estas operaciones.
