El Gobierno de Bolivia está considerando declarar un estado de excepción para aumentar el despliegue de fuerzas de seguridad debido a las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta posibilidad surge tras la aprobación por parte del Senado de un proyecto que elimina restricciones legales vigentes desde 2020, en un contexto de desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto.

La iniciativa, aprobada el domingo, abroga la actual Ley de Estado de Excepción y será debatida en la Cámara de Diputados este martes. El objetivo es otorgar respaldo legal a Paz para implementar esta medida, que está contemplada en la Constitución de 2009, promulgada durante el Gobierno de Evo Morales.

El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, promotor de la medida, explicó que busca derogar la ley aprobada en 2020 por la entonces presidenta interina Eva Copa, que regula el uso de las fuerzas de seguridad en conflictos internos. Esta normativa, conocida como ‘ley Eva Copa’, fue establecida para limitar el uso de la fuerza durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.

La ley de 2020 prohíbe cualquier tipo de restricción a la libertad cuando se declare un estado de excepción y establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir si la Policía ha sido superada. Alarcón argumentó que esta norma limita la capacidad del Gobierno para actuar en situaciones de crisis, impidiendo el uso legítimo de la fuerza del Estado.

Además, la normativa permite que el Legislativo intervenga en las decisiones del Ejecutivo, lo que Alarcón considera inapropiado, ya que los parlamentarios no siempre están al tanto de las medidas de seguridad necesarias en momentos de convulsión interna.

El artículo 137 de la Constitución permite declarar el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna, pero establece que no se pueden suspender las garantías ni derechos fundamentales. La aplicación de esta medida puede ser total o restringida a ciertas áreas según lo considere el Gobierno.

Alarcón sugirió que la implementación del estado de excepción podría ser escalonada, comenzando con un despliegue policial antes de recurrir a la intervención militar en regiones específicas.

La decisión del Senado ha sido rechazada por la Vicepresidencia, liderada por Edmand Lara, y por la Central Obrera Boliviana (COB), que apoya las protestas contra Paz. En un comunicado, la Vicepresidencia expresó que la ley de 2020 busca prevenir que el Estado responda a conflictos sociales con armas letales, recordando los trágicos eventos de 2019 tras la renuncia de Morales.