Un bombardeo ordenado por el Gobierno colombiano dejó ocho presuntos miembros del Clan del Golfo muertos, incluido el cabecilla conocido como alias ‘Negro Perea’, en el departamento de Antioquia. La operación, ejecutada por las Fuerzas Militares, se llevó a cabo en medio del debate sobre el impacto de los operativos militarizados en la población civil.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la operación a través de su cuenta de X, donde confirmó la autorización del bombardeo contra el Clan del Golfo. «¡Abatido alias ‘Negro Perea’, uno de los diez cabecillas prioritarios del país!», escribió el mandatario.
La operación, denominada Nehemías, se realizó en la zona rural de Tarazá, específicamente contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. Según el presidente, el resultado preliminar fue la muerte de ocho integrantes, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, quien contaba con más de 20 años de trayectoria criminal.
Las autoridades informaron que Mosquera estaba acusado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública, incluyendo el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. Además de las bajas, la operación resultó en la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación.
El bombardeo también destruyó un campamento utilizado supuestamente para coordinar actividades criminales del grupo. De la Espriella advirtió a los cabecillas de estas organizaciones que no tendrán refugio mientras continúen con sus actividades delictivas.
Este ataque representa el octavo bombardeo contra grupos armados ilegales desde que el presidente asumió el poder el 7 de agosto. Sin embargo, esta táctica ha generado controversia debido a la posibilidad de afectar a menores reclutados, con al menos ocho niños reportados como muertos en operativos anteriores, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La polémica se intensificó tras un operativo en agosto en el departamento del Guaviare, donde tres de los diez muertos fueron menores de edad, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el impacto de estas acciones militares en la población civil.
