El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el decreto 787-26, estableciendo controles obligatorios para el uso de estas tecnologías en instituciones estatales, protegiendo los derechos de la ciudadanía y prohibiendo prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y el perfilamiento criminal predictivo.

La iniciativa fue promovida por el presidente Luis Abinader, a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el apoyo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

Este código busca asegurar que la implementación de herramientas de inteligencia artificial en los servicios públicos se realice de manera responsable, segura, inclusiva y transparente, alineándose con los estándares de la ONU y la OCDE.

La normativa fue desarrollada mediante un proceso participativo y establece disposiciones de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública. Entre sus medidas principales se incluye la Evaluación de Impacto Ético y de Derechos (EIED), que los organismos públicos deben realizar antes de activar sistemas de inteligencia artificial de alto impacto.

El código también reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados cuando un trámite o decisión administrativa se basa en inteligencia artificial, permitiendo solicitar explicaciones comprensibles y exigir revisiones humanas de decisiones.

Las prácticas prohibidas incluyen la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva sin orden judicial, el perfilamiento criminal basado en prejuicios, la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas.

Además, se establece una protección especial para niños, niñas y adolescentes, prohibiendo el uso de inteligencia artificial para generar contenido lesivo o discriminatorio hacia menores. También se exige a las instituciones públicas garantías de trazabilidad y ciberseguridad por parte de sus proveedores.

Para coordinar la implementación de estas medidas, se creará el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo que incluirá instituciones estatales y representantes del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.

El Gobierno otorgó un plazo de 180 días para que las entidades públicas adapten sus procedimientos y cumplan con las nuevas disposiciones, estableciendo así un marco regulatorio para la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública.