En medio de las protestas de los ciudadanos de San Juan que se oponen a la explotación de la mina Romero, el geólogo Osiris de León ha subrayado la necesidad de que todos los proyectos relacionados con la minería y otros sectores sean evaluados desde una perspectiva medioambiental.

Según De León, esta evaluación es un estándar que debe ser aplicado en cualquier parte del mundo, donde los proyectos son discutidos considerando su impacto en el entorno.

El geólogo enfatizó que el Estado ha reconocido que los recursos mineros pertenecen a toda la población, y que si una mina se establece en una comunidad, todos, incluso aquellos que residen en áreas distantes, deben beneficiarse de los recursos generados.

Este enfoque inclusivo es fundamental para asegurar que las comunidades no solo sean informadas, sino que también participen activamente en la toma de decisiones sobre proyectos que podrían afectar su entorno.

Importancia de la Ley Ambiental

De León recordó que durante la discusión de la Ley Ambiental en los años 90, hubo resistencia por parte de algunos sectores.

Sin embargo, esta ley fue finalmente aprobada el 18 de agosto del año 2000, estableciendo en sus artículos 8, 39, 40, 41 y 42 que todo proyecto debe someterse a una investigación de impacto ambiental.

Este requisito abarca no solo la minería, sino también la construcción de carreteras, puentes, urbanizaciones y hoteles, lo que demuestra la amplitud de su aplicación.

El geólogo también destacó que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de llevar a cabo estas evaluaciones en colaboración con la comunidad.

Esto implica la realización de vistas públicas donde todos los interesados puedan participar, lo que garantiza que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones.

Posteriormente, el ministerio emite un resultado que determina si se otorga o no la licencia ambiental necesaria para el proyecto.

Rechazo a la explotación minera

Por su parte, el senador de San Juan, Félix Bautista, reiteró su oposición a la explotación minera en la provincia, sugiriendo al Gobierno que declare a San Juan como un distrito energético en lugar de un distrito minero.

En una rueda de prensa celebrada en el Senado de la República, Bautista argumentó que la zona destinada para la explotación minera es crucial, ya que alberga la mayor producción de agua de la Cordillera Central, que es vital para el suministro de agua en las regiones norte y sur del país.

El legislador también afirmó que la explotación de la mina contraviene varios artículos de la Constitución de la República, así como la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64-00, en sus artículos 126 y 127.

Además, mencionó el artículo 30 de la Ley de Energía y Minas, la Ley de Ordenamiento Territorial y la sentencia del Tribunal Constitucional 482-19, lo que refuerza su postura en contra de este tipo de proyectos en la región.