La Fundación del Paisaje Cultural presentó una demanda en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra la Administración Trump, argumentando que las modificaciones al estanque reflectante no cumplieron con los procesos federales de revisión patrimonial requeridos por la ley. La organización critica especialmente la decisión de pintar el fondo del estanque de azul, una intervención que debió ser evaluada y aprobada por la Comisión de Bellas Artes, encargada de supervisar proyectos relacionados con el patrimonio arquitectónico y cultural de Washington.

Los demandantes han solicitado una orden judicial temporal para detener las obras mientras se investiga si el proyecto infringe la Ley Nacional de Preservación Histórica, que exige revisiones especiales para modificaciones en sitios históricos. Esta acción se produce en el contexto de un plan anunciado por Trump en abril para rehabilitar el estanque, que enfrenta problemas de filtración y deterioro.

Controversia por el color y el costo

Trump defendió la remodelación, argumentando que el estanque lucía descuidado y que el agua era “sucia”. Como parte de la intervención, el Gobierno decidió aplicar un tono azul al fondo del estanque, inspirado en la bandera estadounidense, lo que ha suscitado críticas de expertos en conservación y urbanismo.

La controversia se suma a otros cuestionamientos sobre proyectos de Trump en Washington, como su propuesta para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca, que también ha sido objeto de críticas por irregularidades en el proceso de aprobación. La situación ha cobrado mayor relevancia tras la revelación del diario The New York Times sobre el aumento desproporcionado del costo de las obras.

Inicialmente, Trump había estimado que la remodelación costaría 1,8 millones de dólares, pero documentos oficiales indican que el presupuesto se disparó hasta 13,1 millones de dólares, más de siete veces la cifra original. El contrato fue adjudicado sin licitación pública a la empresa Atlantic Industrial Coatings por el Departamento del Interior de Estados Unidos, alegando una urgencia nacional para completar la obra antes del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La Administración argumentó que cualquier retraso podría causar un “grave perjuicio” al Gobierno federal.