La candidata derechista Keiko Fujimori ha alcanzado el margen necesario para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, mientras que el candidato izquierdista Roberto Sánchez denuncia irregularidades y busca anular la votación en el exterior, alegando un supuesto «fraude en desarrollo». Con el 99.8% del escrutinio, Fujimori tiene el 50.11% de los votos válidos, frente al 49.88% de Sánchez, lo que representa una diferencia de 42,097 votos que parece irreversible.
Hasta la noche del martes, quedaban por escrutar 191 actas electorales, que corresponden al 0.20% del total de 92,766 mesas instaladas el pasado 7 de junio. Estas actas contienen, en promedio, unos 200 votos por cada una. Sin embargo, si se excluyen los votos del exterior, Sánchez lidera con el 50.11% de los válidos, superando a Fujimori por 40,925 sufragios.
Sánchez ha afirmado que el proceso de votación en el exterior fue afectado «gravemente» al exonerar a los consulados de enviar digitalmente los resultados, lo que obligó a un traslado físico de las actas a Lima, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ministerio es considerado por la izquierda como cercano al fujimorismo.
El candidato también denunció que el traslado de las actas se realizó sin las garantías necesarias para evitar manipulaciones. «Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo», expresó Sánchez, quien instó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a detener el conteo de votos, argumentando que se han violado las normas electorales.
Sánchez advirtió que, bajo estas circunstancias, no reconocerá el gobierno de Fujimori y convocó a movilizaciones en defensa de la democracia. En respuesta, Luis Galarreta, candidato a primer vicepresidente por Fuerza Popular, acusó a Sánchez de ser antidemocrático y pidió a las autoridades electorales acelerar el conteo definitivo.
Galarreta argumentó que la demora en el anuncio de los resultados alimenta las posiciones de Sánchez, quien, según él, está en negación. Cabe destacar que ni Sánchez ni su partido se opusieron a la disposición sobre el traslado físico de las actas antes de las elecciones, y las misiones de observación internacional no han señalado que este cambio haya generado sospechas de fraude.
La organización civil Transparencia rechazó las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier intento de desconocer los resultados oficiales. Aseguró que, tras la observación electoral en más de 10 ciudades del extranjero, no se encontró ninguna situación que comprometiera la integridad de la jornada electoral.

