La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció irregularidades en la extracción de sedimentos de la presa de Hatillo, ubicada en el río Yuna, solicitando la suspensión de las operaciones hasta que se revisen las condiciones del proyecto. Paino Abreu Collado, titular de esa secretaría, indicó que el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) permite la extracción de 100,000 metros cúbicos durante seis meses, pero los contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 suman 1,330,694 metros cúbicos.
Abreu destacó que esta discrepancia debe ser aclarada por las autoridades, especialmente por el valor comercial de los materiales extraídos, que podría generar ingresos cercanos a los RD$1,000 millones tras descontar los costos de extracción, transporte, procesamiento y comercialización. La organización política reconoció la necesidad de retirar sedimentos de los embalses, pero enfatizó que estos trabajos deben realizarse con controles técnicos, ambientales y económicos claros.
Solicitudes de revisión y transparencia
El dirigente cuestionó la falta de un mecanismo para destinar parte de los beneficios a la protección y restauración de las cuencas hidrográficas. Entre las medidas solicitadas, Abreu propuso una revisión técnica y jurídica del permiso y las condiciones de ejecución del proyecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). También pidió a Egehid detener la extracción y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y publique sus conclusiones.
Además, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que explique por qué el proyecto no fue clasificado en la categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024. La organización también pidió a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente investigar posibles infracciones a la Ley 64-00 y a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015.
Asimismo, la Fuerza del Pueblo reclamó una veeduría ciudadana independiente que incluya a las comunidades del Yuna, representantes de la Iglesia y del sector académico. También respaldó una solicitud de información pública hecha por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega para acceder a contratos, estudios ambientales y documentos técnicos relacionados con el proyecto.
Abreu reiteró que la organización no se opone a la limpieza de la presa, sino que exige claridad sobre los volúmenes autorizados, los controles y los beneficios económicos para el Estado. “El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco”, concluyó.
