Francia amaneció el domingo con graves disturbios tras una movilización contra el encarecimiento de la vida, que dejó escaparates destrozados, vehículos calcinados y edificios públicos incendiados. La protesta, que reunió un malestar acumulado por el precio de combustibles y alimentos, resultó en más de 2,000 detenidos y 600 heridos, según el Ministerio del Interior. Un manifestante falleció en París tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante los incidentes.

La cifra de heridos entre los civiles aún no se ha consolidado, pero se reportó el caso de un joven que perdió una mano en Saint-Étienne. Las autoridades han abierto una investigación, mientras el ministro del Interior, Laurent Nuñez, evitó confirmar si la lesión fue causada por la explosión de una granada policial, reavivando el debate sobre el uso de armas en manifestaciones.

En París, grupos encapuchados rompieron vitrinas y saquearon establecimientos, mientras otros levantaban barricadas y se enfrentaban a las fuerzas antidisturbios. La boutique Céline y tiendas como Kenzo y Salomon fueron documentadas como víctimas de los saqueos. Entre gases lacrimógenos, turistas intentaban escapar de las calles invadidas por los saqueadores.

La destrucción se extendió a supermercados, bares y pequeños negocios, con la Federación del Comercio y de la Distribución estimando alrededor de 1,500 establecimientos vandalizados. Carrefour reportó daños en medio centenar de locales, anticipando reparaciones superiores a diez millones de euros y afectaciones temporales para sus trabajadores.

Los ataques a edificios públicos también causaron conmoción, con incendios en el histórico ayuntamiento de Limoges y la oficina de turismo en Lyon, además de saqueos en la residencia de la prefectura en Burdeos. En Marsella, encapuchados causaron destrozos en el consistorio local.

Las protestas reflejan un descontento acumulado por el aumento de precios en combustibles, alimentos y energía, así como por el deterioro de los servicios públicos. Las movilizaciones estudiantiles, que comenzaron en septiembre, se unieron a sindicatos y al movimiento de los chalecos amarillos, que exigen mejores salarios y pensiones, precios más bajos y protección de los servicios públicos.

El Gobierno atribuyó los disturbios a grupos de ultraizquierda y delincuentes que aprovecharon el caos para saquear. Se reportaron enfrentamientos organizados y actos de pillaje, lo que complica la identificación de una motivación única entre los responsables.

Las consecuencias inmediatas incluyen cierres comerciales y costosas reparaciones. París anunció asistencia para tramitar seguros y evaluar daños, mientras que Marsella prometió ayudas de emergencia. El presidente Emmanuel Macron se prepara para dirigirse al país, enfrentando críticas sobre la gestión policial durante las protestas.

Macron condenó los disturbios y los saqueos, prometiendo medidas para reforzar la seguridad y responder a las demandas sociales. En una declaración televisada, expresó su «ira y vergüenza» por los incidentes, y pidió al Gobierno que garantice la transparencia en la actuación policial. Además, anunció que los prefectos podrán prohibir ciertas concentraciones para proteger las ciudades y los comercios, cuyos daños se estiman en cientos de millones de euros.