El Ministerio Público fue condenado a pagar RD$630 millones por no devolver bienes incautados, a pesar de una orden del Tribunal Constitucional (TC) que exigía su entrega inmediata. La sentencia TC/1017/26 establece que la Fiscalía del Distrito Nacional acumuló esta sanción por 126 días de retraso, a razón de RD$5,000 diarios, y el monto seguirá aumentando hasta que se cumpla la orden.

La decisión del TC se relaciona con el caso de Omar Domingo Montilla Silverio, cuyos bienes fueron ocupados en un allanamiento en noviembre de 2019, en el marco de una investigación por lavado de activos y narcotráfico. Montilla no era parte del proceso, y entre los bienes que deben ser devueltos se encuentran relojes, prendas, zapatos, documentos personales, RD$66,047 y US$25,062.

El TC destacó que no encontró evidencia de que la Fiscalía hubiera cumplido con la orden de devolución y calificó su actuación como reticente. Además, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional no presentó defensa en el proceso, a pesar de haber sido notificada.

En otro caso, el TC ordenó la devolución de una pistola que la Fiscalía había retenido desde 2017 tras una denuncia de violencia de género. La corte determinó que no había un proceso penal abierto ni medidas que justificaran la retención del arma, y la Procuraduría no respondió a dos solicitudes de información de los jueces sobre el estado del caso.

La devolución del arma deberá gestionarse a través del Ministerio de Interior y Policía, que verificará si el propietario cumple con los requisitos para obtener la licencia correspondiente. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía tienen un mes para entregar el arma al ministerio, y si no lo hacen, deberán pagar RD$1,000 por cada día de retraso.

El Ministerio de Interior y Policía tendrá un plazo de hasta tres meses desde la recepción de la pistola para completar la verificación. Dos juezas disintieron en esta decisión, argumentando que debía comprobarse si el caso de violencia intrafamiliar seguía abierto antes de ordenar la devolución.

Esta liquidación se suma a otros casos de incumplimiento por parte del Ministerio Público. En julio, una jueza ordenó a la Procuraduría General de la República pagar más de RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en el caso Intrant, por no devolverle un celular Samsung.