La Fiscalía de Perú llevó a cabo una intervención este viernes en un almacén donde se guardan las actas y papeletas de las recientes elecciones presidenciales.
Esta acción se produce tras diversas denuncias sobre la pérdida de material electoral y acusaciones contra funcionarios involucrados en el proceso.
Los conteos de votos avanzan lentamente, ya que la mayoría de las actas restantes han sido objetadas y requieren revisión por parte de los tribunales electorales.
Actualmente, aún hay cerca de un millón de votos pendientes de contabilizar.
Con un avance del 93.3% en los resultados parciales, la candidata derechista Keiko Fujimori se posiciona como favorita para el balotaje, acumulando el 17% de los sufragios.
Mientras tanto, los candidatos Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga compiten por el segundo lugar, con un margen muy estrecho de apenas 13,000 votos entre ellos.
Cuestionamientos y protestas
El descubrimiento de cuatro cajas con 1,200 papeletas de sufragio en un contenedor de basura en Lima ha intensificado las dudas sobre la transparencia de los comicios.
Estos incidentes, junto con retrasos en la entrega de material electoral, llevaron a las autoridades a extender el proceso electoral por un día.
La Fiscalía ha indicado que está realizando diligencias en el almacén principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para verificar el manejo del material electoral.
Esta intervención busca asegurar que se cumplan las normativas establecidas durante las elecciones.
Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y crítico del proceso electoral, ha calificado las elecciones como un «fraude» y ha solicitado su «nulidad absoluta».
Además, ha ofrecido recompensas para quienes puedan proporcionar pruebas de irregularidades y ha convocado a sus seguidores a una marcha para el domingo.
Irregularidades en el proceso electoral
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha señalado ante el Congreso que hay serias irregularidades en la gestión de la ONPE durante las elecciones.
Esta declaración ha generado aún más controversia sobre la legitimidad del proceso electoral.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, enfrenta denuncias por supuestos delitos relacionados con el sufragio, junto a otros tres funcionarios.
La situación continúa desarrollándose mientras se espera el desenlace de los conteos y las investigaciones en curso.
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