El financiamiento de las prestadoras de servicios de salud en la República Dominicana, conocidas como PSS, enfrenta serios desafíos, según un análisis del economista Fernando Caamaño, ex Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Este debate se desarrolla en diversos ámbitos, desde el académico hasta los medios de comunicación, y pone de relieve la complejidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Caamaño señala que, a pesar de los aportes que surgen de estas discusiones, es fundamental reconocer el contexto económico y político en el que opera el SDSS. Este sistema, que se basa en un financiamiento mixto, ha permitido el desarrollo del sector privado de salud desde 2007, mejorando la tecnología, la formación profesional y la infraestructura hospitalaria.

El autor critica la postura del gobierno central, que ha desestimado las oportunidades de financiar adecuadamente la Red Pública de Salud, conocida como Servicio Nacional de Salud. Según él, el gobierno ha actuado como un obstáculo en lugar de facilitar su rol como proveedor de servicios de salud para la población dominicana.

Además, Caamaño argumenta que afirmar que los servicios de salud públicos han sido «desfinanciados» sin reconocer la incompetencia del gobierno en la gestión de recursos es una simplificación errónea. Sostiene que la comparación entre los montos pagados a las PSS públicas y privadas no refleja las falencias del sector público, como el deterioro de la infraestructura y la corrupción administrativa.

El análisis también destaca que la calidad y la oportunidad de los servicios de salud son desiguales entre los sectores público y privado, lo que afecta la satisfacción de los afiliados. Caamaño enfatiza que el Estado tiene el potencial para mejorar su desempeño y que no debe esperar a que los gobiernos actúen responsablemente.

Desde 2007, el financiamiento de la Red Pública ha sido insuficiente, recibiendo solo un 20% de lo que se requiere. El autor sostiene que el marco legal y normativo actual permite financiar todos los servicios de la Red Pública, pero critica que la política y las ideologías han interferido en la asignación de recursos.

Finalmente, Caamaño concluye que la falta de rendición de cuentas en el gasto público de salud es un problema persistente. Señala que el Estado debe cumplir con sus obligaciones y garantizar que todos los servicios de salud sean financiados adecuadamente, para evitar que la precariedad y la mala administración continúen afectando la atención médica en el país.