El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Oscar Almánzar, condenó el ataque violento contra un chofer en Santiago.

Este hecho, atribuido a un grupo de motoristas, no refleja los valores de la organización que dirige.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Almánzar destacó que no todos los que utilizan motocicletas son motoconchistas.

Hizo un llamado a no generalizar y a reconocer que hay otros grupos que también utilizan motos, como mensajeros y deliveries.

El incidente ocurrió el pasado viernes 17, cuando Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos, fue apuñalado y posteriormente falleció.

Este trágico suceso ha dejado a cinco hijos huérfanos, generando una profunda consternación en la sociedad dominicana.

Rechazo a la violencia y medidas de control

Almánzar enfatizó que Fenamoto rechaza cualquier forma de violencia. Aseguró que la organización ha trabajado durante casi tres décadas para organizar el sector motoconchista en el país.

El dirigente también defendió los controles internos que Fenamoto aplica para admitir nuevos miembros. Aseguró que se exige documentación de buena conducta y se realizan pruebas antidopaje para depurar el sector.

Además, Almánzar abogó por una regulación más estricta del uso de motocicletas, que incluya licencias, seguros obligatorios y educación vial.

Esto, según él, es esencial para mejorar la seguridad en las vías públicas.

Proceso judicial en curso

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha programado para el próximo miércoles 22 de abril la audiencia para conocer la medida de coerción contra siete detenidos.

Estos individuos están vinculados al ataque y se enfrentan a cargos de asesinato y asociación de malhechores.

Los detenidos son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Metz Cruz.

Una octava persona se encuentra prófuga.

El Ministerio Público ha calificado el caso como un grave delito, lo que ha generado un amplio debate sobre la seguridad en el país y la necesidad de medidas más efectivas para prevenir la violencia.