Apenas veinticuatro horas después de que un grupo de abogados presentara una querella contra la Policía Nacional por la muerte de 87 personas en alegados intercambios de disparos, la violencia policial cobró otras dos víctimas en el sector de Mendoza, Santo Domingo Este. Los hermanos mellizos, de 16 años, Randy y Omar Borges Jiménez, fueron abatidos en un supuesto enfrentamiento con agentes policiales, según informaron las autoridades.

El portavoz policial, Diego Pesqueira, confirmó que los jóvenes fallecieron en un centro de salud tras ser baleados. La institución los calificó como «los sicarios de Mendoza» y alegó que acumulaban cinco órdenes de arresto, en medio de un contexto de 57 muertes en septiembre.

Denuncias de la familia

La abuela paterna de los jóvenes, Gleny Jiménez, denunció que la intervención policial ocurrió a las siete de la mañana en su vivienda, donde los mellizos estaban durmiendo. “Los acribillaron durmiendo”, expresó con indignación, desmintiendo la versión oficial de un enfrentamiento armado.

Jiménez relató que uno de los gemelos aún estaba vivo cuando un agente le disparó en la cabeza. Además, afirmó que los oficiales se retiraron brevemente para buscar un maletín con armas y municiones, alegando que lo hicieron para justificar el operativo como un intercambio de disparos.

La madre de los mellizos, Yohanny Borges, había entregado a sus hijos a las autoridades dos meses atrás tras rumores sobre su implicación en actividades delictivas. Sin embargo, fueron liberados rápidamente al comprobar su inocencia, ya que no tenían antecedentes ni denuncias formales en su contra.

Contexto de la violencia policial

Un grupo de abogados presentó una querella contra el director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, exigiendo que sea procesado por las muertes en alegados intercambios de disparos. Los abogados, entre ellos Cándido Simó y Valentín Medrano, afirmaron que abogan por el respeto a la vida y los derechos de cada ciudadano.

Las críticas hacia la Policía aumentan debido a la falta de transparencia en los supuestos enfrentamientos armados, donde no se realizan levantamientos de actas ni análisis rigurosos de las escenas del crimen. La institución continúa persiguiendo sospechosos, lo que ha llevado a un aumento de muertes en circunstancias cuestionables.

El presidente Luis Abinader ha hecho advertencias públicas a los sospechosos, instándolos a entregarse, lo que muchos interpretan como una sentencia de muerte. Esta situación ha generado una alarmante normalización de las muertes extrajudiciales, transformando la justicia en un espectáculo sangriento.

Durante septiembre, se registraron 55 muertes en supuestos intercambios de disparos, lo que equivale a un fallecimiento cada 13 horas. La Policía también reveló que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes, lo que plantea interrogantes sobre la inoperancia de la institución en el cumplimiento de su deber.