En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela, lo que pone de manifiesto la ineficacia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en la mediación de conflictos.

Este suceso reitera la necesidad de contar con árbitros en el ámbito político-militar para evitar que prevalezca la ley del más fuerte.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado un interés claro en apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, lo que refleja una actitud amenazante hacia la soberanía de otros países de la región.

Este comportamiento no es nuevo; desde principios del siglo XX, el intervencionismo militar de Estados Unidos ha sido una constante, afectando a naciones como Venezuela en 1916 y 1965, así como a otros países de América Latina.

La autoridad de los organismos internacionales mencionados se encuentra debilitada, mientras las potencias mundiales parecen repartirse el planeta según sus intereses.

Esta situación conlleva graves consecuencias, incluyendo la destrucción del ecosistema, la pérdida de vidas humanas y un aumento en las desigualdades económicas y la hambruna.

Si las autoridades globales no modifican su enfoque, el futuro podría ser sombrío. La comunidad internacional debe actuar con urgencia para restablecer mecanismos de mediación y arbitraje que garanticen la paz y la soberanía de las naciones.