Representantes de gremios de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana han solicitado a las autoridades una prórroga de hasta cuatro años para la implementación de la facturación electrónica, programada para entrar en vigencia el próximo lunes 16 de noviembre. Según denuncian, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no ha garantizado una respuesta adecuada a las dificultades que enfrentan los contribuyentes.
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, informó que más de 200,000 personas físicas y empresas registradas en la DGII aún no cuentan con el sistema de facturación electrónica. Esto representa un desafío considerable para cumplir con la normativa en el plazo establecido, dado que la DGII tiene registrados más de 350,000 contribuyentes, de los cuales solo alrededor de 140,000 se han incorporado al nuevo sistema.
García destacó que la situación es aún más complicada para los negocios informales y pequeños establecimientos, como colmados y salones de belleza, que carecen de los recursos económicos y tecnológicos necesarios para adaptarse a este nuevo requerimiento. “Es prácticamente imposible que a nivel de colmado o salón de belleza puedan cumplir con esas exigencias”, afirmó.
El representante de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, también se refirió a los problemas que presenta la plataforma de la DGII, que a menudo se queda inactiva durante horas o incluso días. Criticó la falta de apoyo por parte de las autoridades en este proceso de adaptación para las mipymes.
“El mayor obstáculo ha estado en la plataforma de la DGII, que no da respuesta. Los procesos se quedan pensando por días y eso se repite de manera constante”, denunció Cristopher. Además, García mencionó que hay empresas que desean incorporarse al sistema pero no han podido completar el procedimiento en el tiempo estipulado.
Ambos líderes gremiales coincidieron en la necesidad de ampliar los plazos de incorporación. García propuso extender el tiempo al menos seis meses para los grandes contribuyentes y hasta cuatro años para las micro y pequeñas empresas. Cristopher argumentó que el Estado no debe cargar toda la responsabilidad a los negocios, ya que también enfrenta dificultades administrativas que complican el proceso.
García recordó que otros países, como Chile, otorgaron plazos de hasta siete años para la implementación de la facturación electrónica, mientras que en República Dominicana solo se han concedido tres años. Esta situación ha generado preocupación entre los comerciantes sobre la capacidad de adaptación de los negocios al nuevo sistema.

