Expertos han alertado que la represión en Cuba es severa y que los derechos humanos no deben ser negociados en el diálogo político entre EE.UU. y la isla, donde se violan sistemáticamente libertades básicas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) que estudian la situación en el país coinciden en que la situación de los presos políticos debe ser central en estas conversaciones.
A pesar de este consenso, las ONG difieren en su percepción sobre el compromiso de Washington con los derechos humanos y la prioridad que se le otorgará en las negociaciones. Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para el Caribe, enfatiza que «cualquier proceso de diálogo debe colocar en el centro los derechos humanos y las necesidades humanitarias de todas las personas en Cuba, sin discriminación».
Situación de los presos políticos
Cilano subraya que «los derechos humanos son innegociables» y que el futuro de Cuba debe ser acordado con rendición de cuentas y justicia para quienes viven bajo represión. Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders (PD), sostiene que los derechos humanos no son una «materia optativa» para que el país renazca de sus cenizas.
La situación actual en la isla es descrita como «profundamente preocupante» por Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J, quien señala que, a pesar de algunas excarcelaciones recientes, el «problema de fondo» sigue siendo «estructural». Según PD, abril concluyó con 1,260 presos políticos, mientras que Justicia 11J estima que hay alrededor de 800.
Rodríguez denuncia que en Cuba es posible terminar en prisión por ejercer derechos como la libertad de expresión o de manifestación pacífica. Larrondo añade que los derechos humanos están en su «peor momento», con una represión «sin control e indiscriminada» y condiciones «dantescas» en las prisiones.
Reacciones y perspectivas
AI también rechaza «las medidas coercitivas unilaterales externas» que agravan las condiciones de vida en Cuba, refiriéndose al bloqueo petrolero de EE.UU. y a las sanciones recientes. Larrondo confía en que Washington priorizará la situación de los derechos humanos, mientras que Rodríguez advierte que este tema podría no recibir la atención que merece.
Cilano exige que las personas presas no sean utilizadas como «moneda de cambio» en negociaciones políticas y que no se repitan patrones de condicionalidad en las excarcelaciones. Rodríguez enfatiza que los recientes gestos de La Habana no indican una voluntad de desmontar el sistema de persecución.
Para que el diálogo sobre derechos humanos sea «creíble», Rodríguez sostiene que la «sociedad civil independiente» y las ONG deben estar incluidas en las conversaciones. Cualquier acuerdo debería garantizar la liberación incondicional de todos los presos políticos y un compromiso verificable con el respeto de las libertades fundamentales.
Larrondo también llama a la Unión Europea, especialmente a España, a ejercer presión pública efectiva para contribuir a los esfuerzos de cambio de Washington, tras una década sin acciones significativas por los derechos humanos en Cuba. Según él, EE.UU. es el país «más solidario» con el pueblo cubano, a diferencia de otros que han relegado los derechos humanos a un segundo plano.
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