Las expectativas son altas entre abogados e imputados del caso Calamar, a la espera del fallo que la jueza Altagracia Ramírez dará este jueves 29 de mayo a las 3:00 de la tarde. La magistrada decidirá si los acusados, entre ellos los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, serán enviados a juicio de fondo.

Este proceso judicial, que ha estado en los tribunales por más de cuatro años, ha pasado por las manos de cuatro juezas en su etapa preliminar y se inició en 2021. Según la legislación dominicana, el caso se extinguió en febrero de 2026.

Contexto del caso

Un documento entregado a El Nuevo Diario señala que la actual administración del presidente Luis Abinader ha llevado a cabo una persecución judicial que comenzó con familiares del ex presidente Danilo Medina y se ha extendido a otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esta estrategia, conocida como lawfare, ha sido comparada con acciones del pasado, como las de Joaquín Balaguer contra Salvador Jorge Blanco.

El apoyo inicial a estas acciones fue impulsado por la marea verde del Caso Odebrecht, que culminó en absoluciones en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la percepción pública ha cambiado a medida que se han evidenciado las debilidades de las pruebas presentadas y las violaciones a las garantías procesales.

Las encuestas indican que el Gobierno ha perdido apoyo popular, en parte por la debilidad de los procesos judiciales y por escándalos dentro del Ministerio Público. Estos incluyen acusaciones de espionaje y corrupción entre sus miembros, lo que ha afectado su credibilidad.

La falta de sustento en los expedientes ha sorprendido a la ciudadanía, que ha seguido los juicios a través de los medios de comunicación. En el caso Calamar, se ha mencionado que la fiscalía presentó pruebas insuficientes, incluso llegando a solicitar el envío a juicio con documentos irrelevantes.

Durante las investigaciones, se incautaron bienes inmuebles y más de 90 vehículos de los imputados, que el Ministerio Público se ha negado a devolver a pesar de sentencias que ordenan su restitución. Se ha alegado que las propiedades fueron adquiridas con dinero proveniente de actividades ilícitas, aunque se presentaron títulos de propiedad que datan de hasta 40 años atrás.

Finalmente, se enfatiza que la justicia debe aplicarse dentro del marco legal y que cualquier violación a las garantías procesales puede considerarse prevaricación judicial, tanto por parte de la fiscalía como del juez encargado del caso.