La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó a cinco exmilitares a casi treinta años de trabajos restaurativos por su responsabilidad en dieciocho hechos que resultaron en 35 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, quienes fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. La sentencia se emitió el viernes y abarca crímenes cometidos entre 1997 y 2007 en el municipio de Dabeiba y otras localidades del noroeste del país.

Los condenados son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, así como los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas, quienes desempeñaron distintos roles en unidades militares en el departamento de Antioquia. Las sanciones, que varían entre cinco años y seis meses y seis años y seis meses, incluyen restricciones de derechos y libertades, además de mecanismos de supervisión para garantizar su cumplimiento.

La JEP, establecida tras los acuerdos de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, declaró a los exmilitares responsables de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y asesinato, reconociendo diferentes grados de participación en los crímenes. Este caso se enmarca dentro de los conocidos como “falsos positivos”, donde las ejecuciones extrajudiciales de civiles eran presentadas como bajas en combate.

Las sanciones impuestas por la JEP están orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria histórica, la dignificación de las víctimas, el desminado humanitario, el mejoramiento de la infraestructura rural y el fortalecimiento de iniciativas productivas. La vicepresidenta de la JEP, Diana Vega, explicó que estas medidas buscan transformar los territorios afectados por la violencia.

Antes de la sentencia, los exmilitares ya habían participado en trabajos y actividades reparadoras, como iniciativas de educación sobre el riesgo de minas antipersona, recuperación ambiental y mejoramiento de escuelas y vías. Estos trabajos son considerados un antecedente de las medidas de reparación que ahora deberán cumplir bajo supervisión judicial.

En Colombia, los “falsos positivos” se refieren a las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por agentes del Estado, quienes luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. La JEP ha documentado que al menos 6,402 personas fueron víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008, durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.