La Fiscalía de Ecuador investiga a un exjuez anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito, registrando su vivienda la madrugada de este martes. El magistrado no pudo ser detenido ya que había abandonado el lugar antes de la llegada de los agentes, quienes no lograron recopilar evidencias.

El fiscal de Pichincha, Darwin Jaramillo, indicó que, debido a una «reserva» en la investigación, no podía proporcionar detalles sobre el caso ni el nombre del investigado, quien actualmente ejerce como juez penal. Sin embargo, mencionó que ya se ha solicitado una audiencia de formulación de cargos, donde se hará pública la información.

Jaramillo también señaló que la información sobre el allanamiento se filtró antes de la operación, lo que permitió al juez salir de su casa diez minutos antes de que se emitiera la orden de detención en su contra por parte de un magistrado de la Corte Provincial de Pichincha.

El juez Renán Andrade, quien fue magistrado anticorrupción antes de la eliminación de esa unidad por el Consejo de la Judicatura en septiembre, confirmó el allanamiento en una carta pública. Andrade afirmó que la investigación se inició en 2025, pero se reactivó el 25 de septiembre tras presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional por la supresión de la unidad anticorrupción.

En su carta, Andrade sugirió que la investigación podría ser una represalia por su desacuerdo con la eliminación de la unidad. «Estoy presto a renunciar, solo quiero que dejen de perseguirme», expresó en su mensaje dirigido al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior John Reimberg.

El exjuez también mencionó que la investigación abarca hechos desde 2020, cuando le diagnosticaron cáncer, y destacó errores en la acusación, como la atribución de dos casas en Pedernales valoradas en más de 4 millones de dólares, que en realidad no suman ni 45,000 dólares. Andrade pidió que se consulte a los altos mandos de la Policía y a cooperantes internacionales sobre su labor como juez.

Por su parte, el fiscal Jaramillo aclaró que la investigación no está relacionada con la acción presentada contra la Judicatura.