El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, cuestionó el cumplimiento de los protocolos de protección a víctimas de violencia de género tras el caso de Esmeralda Moronta, argumentando que las autoridades debieron activar mecanismos preventivos para evitar el desenlace fatal. Hernández Peguero destacó que el Ministerio Público tiene protocolos que incluyen evaluaciones de riesgo y medidas inmediatas para proteger a las víctimas.

A través de sus redes sociales, el exfiscal recordó que desde el 29 de abril de 2005, cuando se instaló la primera Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, se implementó un protocolo de atención a mujeres denunciantes basado en un test de riesgo. Este procedimiento permite adoptar medidas de protección de inmediato en casos considerados de alto riesgo, como la retención preventiva de la víctima y la emisión de órdenes de protección judicial.

Hernández Peguero enfatizó que, en muchos casos, las víctimas permanecen bajo resguardo, incluso si no están de acuerdo, hasta que se garantizan condiciones de seguridad frente al agresor. Lamentó que el caso de Moronta haya dejado «dos huérfanos y familias desconsoladas», lo que podría afectar la confianza en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.

El caso de Esmeralda Moronta ha generado indignación, ya que la mujer, de 33 años, acudió horas antes de su muerte a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género en Santo Domingo Este para denunciar a su expareja, Omar Tejada Guzmán, por acoso y amenazas. Moronta solicitó una orden de alejamiento y expresó temor por su vida, pero tras salir de la fiscalía, fue perseguida por su agresor.

Las cámaras de seguridad registraron los últimos momentos de Moronta, quien abandonó su vehículo al notar que Tejada Guzmán la esperaba. El agresor la siguió armado y le disparó mortalmente dentro de un colmado antes de suicidarse. Este trágico desenlace ha intensificado las discusiones sobre la efectividad de los protocolos de protección.

Un acta del Ministerio Público, divulgada por Diario Libre, indica que Esmeralda rechazó ser trasladada a una casa de acogida tras presentar su denuncia, a pesar de que las autoridades le advirtieron sobre los riesgos de regresar a su hogar. Representantes de la unidad explicaron que el ingreso a casas de acogida no es obligatorio y depende de la aceptación de la víctima.

Después del feminicidio, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó investigar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género cumplió correctamente con los protocolos de protección en el caso de Esmeralda Moronta.