El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, calificó como un “fraude procesal” los informes de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizados por el Ministerio Público para acusar a los imputados en el caso conocido como Calamar.

Lorenzo argumentó que el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025, establece la creación de la Unidad Antifraude, lo que implica que no existía legalmente al momento de realizar las auditorías. Según él, esto invalida los informes presentados previamente.

“No solo se cometieron fraudes para comprar la reelección presidencial, sino también fraudes procesales contra muchos de mis compañeros, quienes tenían auditorías limpias”, afirmó Lorenzo durante su intervención en el programa Despierta RD.

El exsenador también señaló que la acusación en el caso Calamar fue presentada un día antes de las elecciones, sugiriendo que todo estaba “orquestado y planificado”. Además, mencionó que, aunque el decreto estaba en funcionamiento, no se creó la Unidad Antifraude hasta 2025, a pesar de que ya había un encargado desde el 7 de febrero de 2023.

Entre los imputados en el caso Calamar se encuentran los exministros de la Presidencia, Hacienda y Obras Públicas: José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.

La jueza Ramírez suspendió la audiencia a principios de diciembre pasado debido a problemas de salud del exsenador Rafael Calderón. El proceso judicial se reanudará este viernes con la presentación de la defensa de Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD, a partir de las 9:00 a.m.

El Ministerio Público, que acusa a una treintena de personas por desfalco y lavado de activos, concluyó su presentación hace meses. Tras ello, varios querellantes retiraron sus denuncias, argumentando que los contratos y pagos eran legales y que los fondos pertenecían a los propietarios de las tierras, no al Estado.