Estados Unidos reducirá de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para defenderse ante la intención del Gobierno de retirarles su estatus, según anunció este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta nueva normativa acorta el tiempo para presentar pruebas y argumentos en respuesta a la notificación de las autoridades sobre la posible revocación de su protección.
El DHS indicó que la medida busca «restaurar la integridad del sistema de inmigración, mitigar los riesgos a la seguridad pública y nacional y prevenir el fraude». Según la ley estadounidense, el estatus de refugiado solo puede ser retirado si se determina que la persona no cumplía con los requisitos para obtenerlo al ser admitida en el país.
Si las autoridades consideran que las pruebas y argumentos presentados no justifican la continuación de la protección, pueden revocar el estatus y someter al individuo a un proceso de deportación. El proceso para obtener esta protección puede extenderse por años, y las vías de acceso incluyen la remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) por parte de la ONU, embajadas estadounidenses o organizaciones no gubernamentales.
Los solicitantes también deben superar entrevistas y controles de seguridad, que incluyen la verificación de antecedentes por diversas agencias federales. La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) ha rechazado estos cambios y advierte que facilitarán deportaciones «masivas» de refugiados.
En un comunicado, IRAP denunció que desde principios de este año, la Administración Trump ha estado «persiguiendo» a refugiados y deteniendo de manera «ilegal» a personas con este estatus. La organización ha presentado demandas contra el Gobierno por detener e intentar deportar a refugiados de países como Ruanda, Irak y Afganistán.
La campaña de deportaciones masivas también ha afectado a personas con autorización para permanecer en EE. UU. Además, el Gobierno ha retirado protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, cancelado programas de permiso humanitario y promovido el rechazo de solicitudes de asilo sin audiencias completas.
Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), durante el primer año del segundo mandato de Trump, 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal. La reducción del plazo convierte el proceso en una «mera formalidad» para revocar el estatus de refugiados que fueron admitidos legalmente y deportarlos a lugares donde podrían sufrir persecución.
