NUEVA YORK.– El **Gobierno de Estados Unidos** ha autorizado a **Venezuela** a cubrir los honorarios de los abogados que defienden a **Nicolás Maduro** y a su esposa, **Cilia Flores**, en un proceso judicial por narcotráfico que enfrentan en tribunales federales.

Esta decisión se formalizó a través de licencias enmendadas emitidas por la **Oficina de Control de Activos Extranjeros** (OFAC), permitiendo transferencias bajo condiciones específicas, según documentos judiciales recientes.

El permiso establece que los pagos deben provenir de **fondos disponibles** después del 5 de marzo de 2026 y no pueden derivarse de depósitos de gobiernos extranjeros, manteniendo ciertos límites dentro del esquema de sanciones vigente.

Cambio en la postura de Washington

Esta medida representa un cambio significativo en la postura de **Washington**, que anteriormente había bloqueado estos pagos por razones de **seguridad nacional** y política exterior.

Durante meses, la defensa del exmandatario, liderada por el abogado **Barry Pollack**, argumentó que impedir el financiamiento vulneraba la **Sexta Enmienda** de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a elegir representación legal.

Incluso, el juez federal **Alvin Hellerstein** había cuestionado la negativa del Gobierno, sugiriendo que la restricción podía comprometer la validez del proceso judicial.

Despejando obstáculos legales

Con esta autorización, se elimina uno de los principales obstáculos legales que amenazaban con retrasar o afectar la continuidad del juicio.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero de 2026 en **Caracas** por fuerzas estadounidenses y trasladados a **Nueva York**, donde permanecen detenidos en una prisión federal en **Brooklyn**.

Ambos se han declarado no culpables de cargos que incluyen **conspiración para el narcoterrorismo** e importación de cocaína, en un proceso que podría extenderse por uno o dos años.

Este cambio también responde a presiones judiciales y a la necesidad de garantizar un juicio sin vulneraciones constitucionales, evitando así posibles argumentos de nulidad.

La flexibilización de sanciones en este punto específico no implica un levantamiento general, sino una excepción puntual orientada a asegurar el **debido proceso**.

Con este giro, el caso entra en una nueva fase, donde el foco se traslada del conflicto legal por financiamiento hacia el desarrollo pleno del juicio, uno de los más relevantes en la historia reciente entre **Estados Unidos** y **Venezuela**.