El Estado dominicano solicitará una indemnización de RD$12 mil millones por los daños al patrimonio público en el caso Intrant, tras la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de abrir juicio contra los imputados. La información fue proporcionada por el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), que destacó el reconocimiento del Estado como víctima en este proceso judicial.
José Alberto Ortiz, miembro del ERPP, afirmó que la apertura del juicio permitirá al Estado exigir la reparación económica de los daños ocasionados. Ortiz subrayó que el equipo está comprometido en recuperar cada centavo robado para combatir la corrupción y la impunidad en el país.
Los recursos que se logren recuperar serán reinvertidos en obras y servicios públicos en beneficio de la población. Rafael Rivas, coordinador del ERPP, resaltó que la decisión de la jueza Yanibet Rivas establece un precedente importante, reconociendo al Estado como víctima en casos de corrupción administrativa desde 2020.
Rivas también enfatizó que la protección del patrimonio público debe prevalecer sobre intereses partidarios, y que el proceso judicial se basa en las pruebas presentadas y en la necesidad de reparar los daños a la sociedad. Entre los principales imputados se encuentran el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S., y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.
También enfrentarán juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente. La decisión judicial incluye a otros imputados como Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Asimismo, varias personas jurídicas también han sido enviadas a juicio, entre ellas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. El Estado argumenta que las acciones investigadas causaron afectaciones al funcionamiento institucional y a servicios públicos, generando perjuicios patrimoniales y daños colectivos que serán reclamados durante el juicio de fondo.
