A más de 30 años del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, a manos de su primo Mario José Redondo Llenas y su cómplice, se evalúa la peligrosidad del condenado tras haber cumplido su pena. Este caso, que impactó la conciencia jurídica y social dominicana, plantea la necesidad de una reflexión seria sobre la reintegración del condenado a la sociedad.

Los hechos del crimen fueron particularmente atroces, ya que la víctima recibió múltiples heridas en un contexto de violencia extrema. Tras cumplir aproximadamente 30 años de prisión, el principal condenado está a punto de regresar a la sociedad, mientras que su cómplice cumplió una pena de 20 años.

Desde una perspectiva jurídica, se sostiene que el Derecho Penal no debe ser una forma de venganza, sino un límite establecido por la Constitución. Según el jurista Claus Roxin, el Derecho Penal moderno se basa en la culpabilidad por el hecho cometido, no en la peligrosidad del autor.

En esta línea, Julio B. J. Maier argumenta que el sistema penal en un Estado de Derecho no puede permitir castigos perpetuos ni prolongaciones indebidas de la pena bajo el pretexto de seguridad social. Una vez cumplida la sanción, cesa la potestad punitiva del Estado.

El garantismo penal, defendido por Luigi Ferrajoli, establece que cualquier acción estatal debe estar limitada por la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Extender la sanción más allá de la pena cumplida sería incompatible con una sociedad democrática.

Por otro lado, Alberto Martín Binder introduce un aspecto crucial: la reinserción social no es automática y requiere políticas públicas efectivas, evaluación técnica del riesgo y mecanismos de seguimiento. El verdadero desafío en la República Dominicana radica en la falta de un sistema estructurado para evaluar la peligrosidad residual y gestionar la reintegración social.

No se busca estigmatizar al individuo de por vida, pero tampoco se debe ofrecer una falsa sensación de seguridad a la sociedad. El equilibrio jurídico y social es fundamental.

La discusión debe centrarse no solo en la persona que cumplió su condena, sino en las debilidades estructurales del sistema que lo recibe. En un verdadero Estado de Derecho, la justicia se mide por cómo se garantiza que el pasado no se repita.