El Estado dominicano ha anunciado la subasta de bienes decomisados al narcotráfico, lavado de activos y corrupción, con un valor que supera los 1,095 millones de pesos.

Esta es la primera convocatoria pública bajo la Ley 60-23, buscando recuperar recursos que han permanecido retenidos durante décadas en procesos judiciales.

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) ha informado que la subasta incluirá una variedad de activos, tales como apartamentos, casas, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas y lotes de chatarra.

El total de bienes asciende a 1,095,350,000 pesos, de los cuales 917.6 millones corresponden a bienes inmuebles, 172.6 millones a bienes muebles y poco más de 5 millones a joyas y relojes.

En total, se subastarán 147 bienes o lotes acumulados a lo largo de años de operativos.

Cuestionamientos sobre la custodia de los bienes

A pesar del anuncio, persisten interrogantes sobre la custodia de estos activos durante el tiempo que estuvieron bajo control estatal.

Muchos de ellos estuvieron retenidos por más de 20 años sin ser monetizados, lo que genera dudas sobre quién se encargó de su administración.

La falta de claridad sobre el estado de conservación de los bienes es preocupante. Algunos activos, como aeronaves y embarcaciones, requieren mantenimiento constante.

Esto plantea la pregunta de quién asumió esos costos y cuánto representaron para el Estado.

Además, el retraso en la subasta ha dejado vacíos. Si algunos expedientes judiciales llevaban décadas en curso, surge la pregunta de por qué no se liquidaron antes.

Hasta ahora, no se ha proporcionado una explicación detallada sobre los obstáculos que impidieron su disposición.

Impacto en el presupuesto estatal

Mientras estos activos permanecían retenidos, el gasto en la lucha contra el narcotráfico no se detuvo.

Para 2026, se proyecta que el presupuesto de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) supere los 2,640 millones de pesos.

Este desfase pone en evidencia la eficiencia del modelo actual. Si el Estado gasta más en la persecución del narcotráfico de lo que intenta recuperar por la subasta de bienes, la situación resulta insostenible.

La creación de Incabide y la implementación de la Ley 60-23 buscan corregir estos problemas, pero la magnitud de la subasta sugiere que el asunto no es reciente.

Aún queda por definir el destino de los fondos que se obtendrán y los mecanismos de control que regirán el proceso.