El Estado dominicano gestiona actualmente más de 4,000 bienes incautados, que incluyen motocicletas, vehículos, embarcaciones, apartamentos y joyas.

Estos activos son administrados por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

El director ejecutivo de Incabide, Manuel Rafael Oviedo Estrada, explicó que los fondos obtenidos de las subastas públicas se distribuyen según la Ley 60-23.

En primer lugar, se prioriza la compensación a las víctimas de delitos relacionados con esos bienes.

Cuando no hay víctimas reconocidas, el 90% de los fondos se destina al Estado para programas sociales, salud y educación, mientras que el 10% restante se utiliza para el funcionamiento de Incabide.

Próxima subasta pública

De los más de 4,000 bienes, 147 ya tienen sentencia definitiva de decomiso y estarán disponibles para la primera subasta pública el 13 de mayo en el Paraninfo de Economía de la UASD.

Una vez que el Ministerio Público transfiere los bienes a Incabide, esta entidad se encarga de su administración y mantenimiento.

Para los solares, se realizan jornadas de limpieza y supervisión periódica.

Los apartamentos y locales son alquilados para cubrir gastos de mantenimiento. En caso de que una persona sea descargada judicialmente, los fondos generados por esos arrendamientos pueden ser devueltos.

Requisitos para participar en la subasta

Los interesados en participar en la subasta deben inscribirse previamente y pagar una cuota administrativa de 5,000 pesos.

También deben presentar una declaración jurada que certifique que no son empleados públicos ni tienen vínculos con los procesos judiciales relacionados.

Incabide realizará verificaciones de antecedentes y perfil financiero, ya que la ley prohíbe la participación de personas vinculadas a los casos de donde provienen los bienes.

El evento será presencial y transmitido en línea, con un formato de subasta pública ascendente.

Cada lote se adjudicará al mayor oferente, y las adjudicaciones son personales, sin posibilidad de transferir derechos a terceros.

La legislación vigente establece la obligación de realizar al menos dos subastas al año, por lo que se planea una segunda jornada en el segundo semestre con nuevos bienes en proceso de transferencia al Estado.