La teoría jurídica contemporánea ha experimentado un cambio significativo con el tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional de Derecho, lo que ha transformado la comprensión de la Constitución, la ley y los derechos fundamentales. Esta revolución conceptual ha permitido que los principios constitucionales se conviertan en normas jurídicas con eficacia directa y fuerza vinculante, alterando así el ejercicio del poder público.

Antes de esta transformación, durante el predominio del Estado legislativo, la ley era vista como la base indiscutible del ordenamiento jurídico, y la legitimidad estatal se medía por su conformidad con las disposiciones legales. En este contexto, la Constitución era considerada un documento político-programático que requería la intervención de la ley para tener efectividad práctica.

La situación comenzó a cambiar tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las experiencias autoritarias demostraron que tener leyes válidas no garantizaba la protección de la libertad y la dignidad humana. Esto llevó a reconocer a la Constitución como una norma verdaderamente vinculante para todos los poderes públicos, consolidando así la idea del Estado constitucional de Derecho.

Konrad Hesse fue uno de los teóricos que mejor explicó esta evolución, argumentando que la Constitución no es solo una declaración de aspiraciones políticas, sino una norma jurídica que ordena la vida institucional. La eficacia de la Constitución depende de su capacidad para ser realizada en la práctica y de la voluntad de los operadores jurídicos de cumplir con sus mandatos.

Los principios constitucionales adquirieron así una relevancia crucial, ya que no solo establecen prohibiciones o autorizaciones, sino que orientan la actuación de los poderes públicos hacia la realización de valores fundamentales. Ronald Dworkin y Robert Alexy también aportaron a esta transformación, sosteniendo que los principios son parte integral del Derecho y deben ser considerados por los jueces al resolver conflictos jurídicos.

Entre los principios más destacados están los democráticos, que se han convertido en un valor superior del ordenamiento jurídico, influyendo en toda la estructura constitucional. Elementos como el pluralismo político, la participación ciudadana y la transparencia pública son ahora parte del contenido normativo de la Constitución.

Esta evolución ha llevado a que el constitucionalismo contemporáneo reconozca que la defensa de la democracia no puede limitarse a la aplicación mecánica de reglas legales. Los operadores jurídicos deben interpretar y aplicar el ordenamiento de manera que respete los principios democráticos, lo que implica que la legitimidad de una decisión pública también depende de su compatibilidad con los valores constitucionales.

Eduardo García de Enterría destacó que el Derecho Administrativo es el Derecho Constitucional concretizado, lo que implica que toda acción administrativa debe orientarse hacia la realización de los principios constitucionales. Así, la Administración Pública se convierte en un instrumento para alcanzar los fines superiores del Estado constitucional.

Como resultado de esta transformación, los órganos constitucionales, tribunales y administraciones públicas deben desempeñar un papel activo en la protección de los valores democráticos, garantizando no solo la legalidad formal, sino también las condiciones materiales para la vigencia de la democracia constitucional. Esta realidad ha reforzado la importancia del principio de juridicidad, que exige conformidad con todo el ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución y los derechos fundamentales.