El congresista Adriano Espaillat lideró un llamado del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones latinas para rechazar el plan de reconciliación presupuestaria republicano, que destina miles de millones a operaciones migratorias de la administración Trump. Durante una rueda de prensa en el Capitolio de EE. UU., Espaillat criticó que los republicanos prioricen recursos para agencias de inmigración mientras recortan programas esenciales para familias trabajadoras.

Espaillat afirmó que “los republicanos están tomando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para pagar las prioridades personales de Donald Trump”, y denunció la falta de recursos para salud, asistencia alimentaria y educación. También destacó que se están canalizando miles de millones hacia agencias de inmigración que ya tienen abundantes fondos y son impopulares.

La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, advirtió que el proyecto otorgaría “un cheque en blanco” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, lo que profundizaría políticas de deportación masiva que han sembrado temor en comunidades de todo el país.

El congresista Jesús “Chuy” García también criticó la administración Trump, calificando su enfoque como “una ofensiva brutal e ilegal” contra comunidades inmigrantes. García cuestionó la intención de añadir 70 mil millones de dólares para deportaciones y centros de detención.

El director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Juan Proaño, afirmó que las deportaciones masivas representan “una bola de demolición económica” para trabajadores y pequeños negocios latinos.

Otros participantes, como el congresista Raul Ruiz, denunciaron el impacto psicológico de las detenciones y separaciones familiares. La directora nacional de campañas de Mi Familia en Acción, Angelica Razo, y la congresista Emily Randall cuestionaron el uso de fondos para ICE y la Patrulla Fronteriza mientras persisten necesidades urgentes en vivienda y apoyo económico.

Los líderes coincidieron en la necesidad de mayor transparencia y supervisión antes de aprobar cualquier incremento de fondos para las agencias federales de inmigración.