El Ministerio de Energía y Minas ha ejecutado solo el 42.1% de su presupuesto vigente de RD$10,511.1 millones, al devengar RD$4,421.7 millones hasta el 6 de noviembre de 2026, dejando RD$6,089.4 millones pendientes de ejecución. Este bajo nivel de ejecución lo posiciona como la institución con menor desempeño entre las dependencias del Gobierno Central, a poco más de seis semanas de finalizar el año fiscal 2026.

Según reportes de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), otros ministerios también presentan niveles de ejecución bajos, como el de Turismo, que ha utilizado el 53% de su presupuesto de RD$10,732.7 millones, equivalente a RD$5,686.8 millones, dejando RD$5,045.9 millones sin ejecutar. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) ha devengado RD$16,546.4 millones de un total de RD$29,641.2 millones, lo que representa una ejecución del 55.8% y RD$13,094.8 millones pendientes.

En contraste, instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional muestran altos niveles de ejecución. La PGR ha utilizado el 98.2% de su presupuesto de RD$9,743.5 millones, mientras que el Tesoro ha ejecutado el 95.4% de RD$173,647.1 millones. La Junta Central Electoral (JCE) también destaca con un 92.6% de ejecución, habiendo devengado RD$10,065 millones de RD$10,870.9 millones.

A nivel general, el presupuesto del Gobierno presenta una ejecución del 79.1%, acumulando RD$1,417,448.7 millones de un total de RD$1,791,130.5 millones. Esto significa que aún quedan RD$373,681.8 millones sin devengar, a pesar de que el ejercicio presupuestario se aproxima a su cierre.

El presupuesto inicial fue de RD$1,744,026 millones, pero se incrementó en RD$47,104.5 millones a lo largo del año. Sin embargo, la ejecución varía significativamente entre las instituciones, con algunas superando el 90% de uso de sus recursos y otras, como Energía y Minas, que apenas alcanzan la mitad de sus asignaciones.

La situación del Ministerio de Energía y Minas es preocupante, dado que es clave en la formulación y administración de políticas públicas en los sectores energético y minero, fundamentales para la economía del país. Su ejecución del 42.1% deja más de la mitad de los recursos sin utilizar, lo que genera dudas sobre el avance de los programas e inversiones que debe llevar a cabo.