La central termoeléctrica Manzanillo Power Land, inaugurada oficialmente el 27 de marzo de 2026, ha sido catalogada como un proyecto privado.

Sin embargo, esta definición resulta insuficiente para comprender su funcionamiento real.

Detrás de los 414 megavatios que aporta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, existe una compleja arquitectura empresarial.

Esta estructura incluye un consorcio accionario, un constructor, un operador a largo plazo y un proveedor de combustible, cada uno con roles y responsabilidades claramente definidos.

La separación de funciones no es accidental; es una estrategia que facilitó el financiamiento, la construcción y la operación del proyecto.

Esta organización permite que cada entidad se enfoque en su área de especialización, minimizando riesgos y garantizando la viabilidad del proyecto.

Energía 2000: el consorcio detrás del proyecto

Energía 2000 es el consorcio que reúne a los socios accionarios de Manzanillo Power Land. No se trata de una empresa con un solo dueño, sino de un grupo de empresarios dominicanos y participación internacional que se unieron hace más de catorce años para desarrollar este proyecto.

Entre los socios fundadores se encuentran destacados empresarios del sector energético, financiero y corporativo, como el abogado Guillermo Estrella Ramia, junto a otros grupos económicos del sector privado.

El capital del proyecto es completamente privado, sin participación estatal.

El financiamiento del proyecto asciende a US$440 millones, con un aporte de US$345 millones del Banco de Reservas y su filial AFI Reservas.

Este financiamiento fue estructurado junto a BHD, CIFI Latam y otras ocho instituciones financieras internacionales, que evaluaron el proyecto de manera independiente.

Arquitectura funcional del proyecto

En proyectos de infraestructura energética, es común confundir a los socios accionarios con quienes construyen y operan la planta.

En el caso de Manzanillo Power Land, estas funciones están deliberadamente separadas.

Esta separación busca concentrar cada responsabilidad en el actor más capacitado para ejecutarla. De esta manera, se reduce el riesgo en cada capa del proyecto y se facilita la verificación por parte de los bancos e instituciones que lo financiaron.

Así, la estructura del proyecto no solo optimiza su funcionamiento, sino que también asegura su sostenibilidad a largo plazo, beneficiando a todos los involucrados.