La República Dominicana enfrenta una crisis financiera bajo la administración del presidente Luis Abinader, donde el endeudamiento público ha dejado de ser una herramienta de desarrollo y se ha convertido en un componente esencial de un modelo económico insostenible. La aprobación de préstamos por parte de un Congreso que actúa como un mero sello del Poder Ejecutivo pone en riesgo la soberanía financiera de las futuras generaciones.

El problema no radica solo en el volumen de la deuda, sino en su uso. Los fondos no se invierten en infraestructuras que impulsen la economía, sino que se destinan a gastos corrientes y a una red de programas clientelistas que perpetúan la pobreza y fomentan la dependencia política.

Déficit fiscal y clientelismo

El déficit fiscal de la actual administración se aproxima al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad económica. Este desbalance se debe a un aumento desmedido del gasto corriente y a un sistema político clientelar diseñado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para mantener el poder.

La política de asignación de pensiones refleja una profunda desigualdad. Las pensiones solidarias para los sectores vulnerables son de aproximadamente RD$6,000.00, un monto insuficiente frente al costo de la canasta básica, mientras que los funcionarios y sus familiares reciben asignaciones que varían entre RD$20,000 y RD$50,000.

El empleo público se ha convertido en una herramienta electoral. Durante las elecciones, se incrementa el número de empleados estatales, pero tras los comicios, muchos enfrentan despidos masivos, generando desilusión y protestas cada cuatro años.

Inflación de la nómina pública

Desde que Abinader asumió el poder, la nómina pública ha crecido en más de 123,000 nuevos empleados, alcanzando más de 773,000 servidores públicos. Este aumento no mejora los servicios, sino que se traduce en la creación de puestos ficticios, conocidos como “botellas”, donde personas cobran sin realizar trabajo alguno.

En medio de esta crisis fiscal, el gobierno no presenta propuestas serias para auditar el gasto público ni para racionalizar la burocracia. Mientras tanto, la cúpula del gobierno disfruta de salarios elevados y beneficios que socavan la moral pública.

A pesar de la eliminación de algunos funcionarios acusados de corrupción, el clientelismo persiste. El gobierno ha duplicado el número de beneficiarios de programas de asistencia social, aumentando el gasto corriente y utilizando recursos públicos para fines políticos.

La República Dominicana se encuentra en una situación crítica, con un déficit fiscal elevado y un aumento del endeudamiento. La economía avanza hacia un abismo fiscal, mientras el futuro del país se ve hipotecado por decisiones que priorizan el clientelismo sobre el desarrollo sostenible.