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Emely García alerta sobre riesgos del uso de datos ciudadanos por el Gobierno

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La directora ejecutiva del Observatorio Datalawrd, Emely García, advirtió sobre la necesidad de proteger los datos personales y los derechos fundamentales de los ciudadanos ante la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las instituciones del Estado. Durante su intervención en el panel “Gobernanza tridimensional de la IA pública” en el XXXI Congreso Internacional del CLAD, celebrado en Santo Domingo, García enfatizó que las decisiones automatizadas no deben comprometer las garantías democráticas.

García presentó la ponencia titulada “Gobernanza tridimensional de la IA pública: dimensión de derechos, privacidad y garantías ciudadanas”, donde abordó los desafíos jurídicos y democráticos que implica el uso de sistemas inteligentes en la gestión gubernamental. Afirmó que, aunque la IA puede modernizar el Estado y mejorar los servicios públicos, su implementación debe ir más allá de la eficiencia tecnológica.

La especialista explicó que cualquier intervención de estos sistemas en decisiones sobre derechos o acceso a servicios públicos debe cumplir con principios de legalidad, proporcionalidad, transparencia, seguridad y responsabilidad institucional. “La legitimidad de la IA pública comienza antes del algoritmo: comienza en los datos”, subrayó García, resaltando la importancia de que la información utilizada sea obtenida y procesada de manera legítima.

García también alertó sobre los riesgos de confiar excesivamente en los resultados de la IA, un fenómeno conocido como sesgo de automatización. Este comportamiento puede llevar a que los servidores públicos acepten sin cuestionar las recomendaciones generadas por algoritmos, lo que podría afectar los derechos de las personas.

En este sentido, enfatizó que la supervisión humana es esencial para evitar que las decisiones administrativas se basen únicamente en sistemas tecnológicos. “La inteligencia artificial puede asistir al Estado, pero la responsabilidad jurídica y democrática de decidir sigue siendo humana”, afirmó.

Otro punto importante que abordó fue la necesidad de capacitar de manera continua a los servidores públicos, especialmente a aquellos que diseñan o supervisan sistemas de IA. García destacó que la formación debe incluir no solo aspectos técnicos, sino también conocimientos sobre protección de datos y derechos fundamentales.

La falta de preparación del personal estatal podría resultar en una dependencia excesiva de las recomendaciones automatizadas, lo que podría llevar a errores o vulneraciones de derechos. Por ello, propuso que las instituciones establezcan marcos de gobernanza de IA y datos, con responsabilidades definidas y mecanismos de auditoría.

García concluyó que una IA responsable debe ser evaluada no solo por su capacidad de producir resultados precisos, sino también por la posibilidad de que sus decisiones sean explicadas y auditadas, asegurando así la rendición de cuentas en el uso de estas tecnologías.

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