En la República Dominicana, el fenómeno del embarazo adolescente y la deserción escolar se han convertido en factores críticos que perpetúan la pobreza.

Imaginemos a una niña de catorce años que sale del aula con un certificado de octavo grado en una mano y una ecografía en la otra.

Esta imagen, repetida a diario en diversas provincias, simboliza un ciclo que se alimenta a sí mismo.

Las estadísticas son alarmantes. El país se encuentra entre los cinco con mayor tasa de embarazos adolescentes en América Latina.

Aproximadamente 77 de cada mil niñas de entre 15 y 19 años se convierten en madres, muy por encima del promedio mundial de 46.

Una de cada cuatro mujeres dominicanas tiene su primer hijo antes de los 18 años, y casi la mitad antes de los 20.

A pesar de una disminución del 21% en la fecundidad adolescente entre 2015 y 2021, la situación sigue siendo crítica.

Ser madre en la adolescencia incrementa el riesgo de abandonar la escuela, lo que a su vez contribuye a una pobreza que se perpetúa.

En 2018, el costo educativo del embarazo adolescente se estimó en 138 millones de dólares anuales, una carga que recae silenciosamente sobre la clase media trabajadora.

La necesidad de un cambio estructural

La solución a esta problemática no radica en imitar modelos externos, sino en crear un sistema dominicano que establezca incentivos para comportamientos socialmente beneficiosos.

La condicionalidad ya está presente en programas como Supérate, que ofrece transferencias monetarias a cambio de asistencia escolar y atención en salud.

Sin embargo, la implementación de estas condiciones es deficiente.

Para transformar la corresponsabilidad nominal en real, es crucial fiscalizar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones educativas y de salud.

Esto implica cruzar datos de diversas instituciones para verificar que las familias beneficiarias cumplan con los requisitos establecidos.

Es fundamental que las políticas públicas no penalicen a las adolescentes embarazadas, sino que premien a las familias que cumplen con sus responsabilidades.

La diferencia entre exigir y castigar es esencial para fomentar una cultura de responsabilidad en lugar de resignación.

Un cambio cultural necesario

Abordar la raíz cultural del problema es igualmente importante. Existe una creencia arraigada en sectores de la sociedad de que es posible recibir beneficios sin esfuerzo.

Este asistencialismo, sostenido por generaciones, no produce ciudadanos activos, sino súbditos dependientes.

Como advirtió Tocqueville, la beneficencia sin condiciones puede despojar a las personas de su dignidad y motivación.

La República Dominicana enfrenta una encrucijada: seguir financiando las consecuencias del embarazo adolescente y la deserción escolar o intervenir en sus causas.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la permisividad y el control autoritario. La decisión política que se tome determinará el tipo de ciudadanos que se aspira a formar.

Un subsidio que no exige nada no protege a los pobres; los mantiene en un ciclo de pobreza.

Un país que enseña a esperar, eventualmente, deja de avanzar.