La Embajada de Estados Unidos en México ha expresado su respaldo a la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.

Estos están implicados en una presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.

UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

En un comunicado emitido este miércoles, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción vinculada al crimen organizado cuando tenga «jurisdicción».

Este enfoque resalta la seriedad con la que se toma el tema de la corrupción en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

Compromiso en la lucha contra la corrupción

La Embajada enfatizó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una «prioridad compartida» entre México y Estados Unidos.

Ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho, lo que implica un esfuerzo conjunto en la lucha contra el crimen organizado.

«La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos», afirmó la Embajada, dejando claro que no se tolerarán estos actos delictivos.

Detalles de la acusación

La reacción de la Embajada se produce tras el anuncio del Departamento de Justicia de EE.

UU. sobre una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.

Este caso los vincula con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitiendo el trasiego de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, entre otros funcionarios estatales.

Este desarrollo se da en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cártel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

Desde entonces, el estado ha registrado miles de homicidios y desapariciones forzadas, según cifras de autoridades y organizaciones civiles.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis carteles mexicanos que EE. UU. designó como terroristas en febrero de 2025, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales.

Esta designación resalta la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente ante el narcotráfico en la región.