A un mes de las elecciones del Comité Olímpico Dominicano (COD), surgen preocupaciones sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los estatutos de la institución, ya que aún no se ha realizado la convocatoria formal a la asamblea general eleccionaria. La situación ha sido señalada por Radhames Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (Fedda), quien advierte que el proceso electoral está fuera de los plazos establecidos.
Las elecciones están programadas para el 2 de diciembre, según lo decidido por la asamblea general de miembros. Tavárez indica que la convocatoria debió hacerse con la antelación correspondiente, de acuerdo con el numeral 3 de los estatutos y el reglamento electoral del COD, que estipulan un plazo de 30 días francos.
La inquietud del presidente de Fedda se intensifica debido a la proximidad de la fecha electoral y la importancia de que todos los procedimientos se realicen conforme a las disposiciones institucionales. El cumplimiento de estos plazos es crucial para garantizar la transparencia del proceso y la confianza de los miembros de la organización.
Tavárez también hizo un llamado a la comisión electoral para que adopte las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones, con el fin de preservar la legalidad y la credibilidad de las elecciones. Considera esencial que el proceso se lleve a cabo con estricto respeto a los estatutos, evitando cualquier situación que pueda generar controversias o incertidumbre entre las federaciones que componen el organismo olímpico.
Con la fecha del 2 de diciembre cada vez más cercana, la falta de convocatoria plantea interrogantes sobre el cumplimiento del calendario electoral y la necesidad de que las autoridades aclaren la situación. La preocupación radica en si el COD podrá completar a tiempo los procedimientos reglamentarios y llevar a cabo sus elecciones sin comprometer la legitimidad del proceso.
La comisión electoral está compuesta por Dionisio Guzmán, Jorge Torres y Rafael Villalona Calero, quienes tienen la responsabilidad de asegurar que el proceso electoral se desarrolle adecuadamente en el tiempo establecido.

